La normativa establece deberes concretos para las empresas y derechos para los trabajadores. No cumplir con estas normas puede acarrear sanciones económicas, responsabilidades penales o civiles, e incluso el cierre del centro de trabajo en casos graves.

El objetivo principal de la prevención es evitar accidentes y enfermedades laborales. Cumplir la ley implica evaluar riesgos, adoptar medidas preventivas y formar a los trabajadores, lo que reduce lesiones, bajas y muertes laborales.

Un entorno seguro y saludable aumenta la motivación, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores. Además, disminuye el absentismo y mejora la reputación de la empresa.

Los accidentes generan costes directos (indemnizaciones, sanciones) e indirectos (pérdida de producción, rotación de personal, mala imagen). Cumplir la ley supone una inversión en sostenibilidad y estabilidad empresarial.

Las empresas que cumplen con la normativa demuestran compromiso ético y social, lo que mejora su imagen ante clientes, proveedores y la comunidad. Además, contribuyen al desarrollo sostenible al priorizar la vida y la salud de las personas.